Como era habitual ver en todas las emisoras nacionales, el 15 de diciembre de 2011 el Partido Popular, en el Pleno municipal, también condenó al PSOE por ser el causante del número de parados y de la crisis económica que afecta concretamente a la ciudad. Minutos más tarde en el seno del Ayuntamiento cacereño el portavoz del Gobierno municipal, Valentín Pacheco, anunció la ruptura del convenio con la Protectora de Animales de Cáceres y anunció una nueva gestión de la misma de la mano de la Facultad de Veterinaria de la Uex y las asociaciones Dejando Huella y Proyecto Animalista por la Vida. Como explicación ante la noticia que todos los medios locales cubrieron ese día, Pacheco explicó que la cuantía no aportada por parte del Gobierno antecesor de los 96.000 euros anuales había hecho que durante los últimos meses la perrera no pudiera realizar plenamente sus servicios y ahora el PP se viera obligado a buscar soluciones rápidas y eficaces.
Se ponía así también fin a la propuesta presentada por el PSOE e IU, quienes, alertando de las multas que impone la Junta de Extremadura, proponían buscar un nuevo terreno para construir otra perrera ya que el suelo donde se ubicaba no era apto como núcleo zoológico. Ante las mociones presentadas y con su empeño en firmar el nuevo convenio, el PP anunció que si era necesario modificaría el Plan de Urbanismo para convertir dicho suelo en el adecuado.
Los nombramientos gubernamentales traen consigo reformas. Los más desconfiados apuntan a que el motivo del cambio de gestión se debe a frecuentes disputas personales entre políticos y algún miembro de la protectora. Otros señalan que mediante esta medida el consistorio saldará las deudas que lleva sin pagar durante años y unos terceros afirman que, dentro de unos años, alguien interesado se lucrará de la nueva gestión.
Haciendo memoria, estos últimos explican que, antes de que la Asociación Protectora de Animales de Cáceres tomara la perrera municipal en 1999 y trabajara en ella durante 12 años, este lugar era empleado como centro en el que los veterinarios de la Junta de Extremadura sacrificaban a los animales cuando pasaban diez días, o lo que es lo mismo, un matadero de gatos y perros. Desde que dicha Organización tomó el mando, voluntarios han trabajado mañana y tarde para la recogida de los animales, para que todos los perros tuvieran un microchip identificativo obligatorio, el control del abandono y luchando al mismo tiempo por una Ley de Protección Animal más justa en Extremadura.
Según la Ley de Protección Animal 5/2002 de 23 de mayo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Asociación Protectora de Animales está considerada como una Asociación de Utilidad Pública y benéfico-docente. Esta misma ley establece que quien gestione los animales de compañía de las perreras municipales deben de ser instituciones sin ánimo de lucro y, dejando a un lado las dos asociaciones encargadas también de ello, la Facultad de Veterinaria no lo es. ¿Se volverá a utilizar a estos animales para la experimentación cuando la Ley lo prohíbe? ¿Conseguirá algo a cambio el Partido Popular?
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